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Temas para una nueva reforma electoral.

Durante las actuales campañas electorales, los argumentos de quienes llaman a anular el voto, así como algunas posturas tomadas por varios analistas políticos e, incluso, por los propios partidos, han abierto la posibilidad de reformar, una vez más, la legislación electoral.

ALEJANDRO MORENO. REFORMA | ¿Qué opina la ciudadanía al respecto? ¿Cuáles serían, en caso de una nueva reforma electoral, las principales demandas ciudadanas? ¿Hay diferencias de opinión entre quienes piensan anular su voto este 5 de julio y quienes no? Una encuesta nacional telefónica realizada por Grupo Reforma en días pasados nos permite delinear algunas posibles respuestas.

Según el sondeo, el 79 por ciento de los consultados opina que para mejorar las condiciones políticas sería útil reducir los recursos públicos que reciben los partidos políticos. Asimismo, el 68 por ciento opina que también ayudaría reducir el número de diputados de representación proporcional. Además de eso, el 58 por ciento de los entrevistados ve positivamente la posibilidad de permitir las candidaturas independientes o ciudadanas.

En contraste con estas opiniones mayoritarias, el tema de la publicidad de los partidos divide los puntos de vista. El 49 por ciento cree que los partidos y sus candidatos deberían poder anunciarse libremente en los medios, contrario a lo que establece la actual ley electoral aprobada hace dos años, y bajo la cual el IFE asigna los tiempos oficiales para la publicidad de los partidos.

Por su parte, el 48 por ciento cree que eso no sería de mucha utilidad para mejorar la situación política actual.

El tema de la reelección consecutiva de legisladores, que es defendida por varios analistas políticos como un mecanismo para mejorar la rendición de cuentas, cuenta con una opinión ciudadana mayoritariamente en contra, con un 67 por ciento que no cree que la reelección sea un mecanismo que ayude mucho.

La participación electoral en nuestro país ha venido disminuyendo en cada elección y para este 5 de julio se espera una de las tasas más bajas, si no es que la más baja. Sin embargo, según la encuesta, una mayoría del 57 por ciento de entrevistados se opone a que el voto en nuestro país sea obligatorio.

Anulistas y no anulistas

En todos estos temas no se observan diferencias importantes entre los ciudadanos que piensan anular su voto, que representan un 17 por ciento de la encuesta, y los que sí piensan apoyar a alguno de los partidos políticos, que son alrededor de un 73 por ciento. Sin embargo, en otros temas sí hay diferencias de opinión muy marcadas entre estos dos grupos de ciudadanos.

Por ejemplo, casi dos tercios de los entrevistados que piensan anular opinan que las elecciones en nuestro país no son libres ni equitativas, lo cual contrasta con una mayoría de 55 por ciento de quienes no van a anular su sufragio que sí califica en esos términos los procesos electorales. Además, el 58 por ciento de los “anulistas” considera necesarios a los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia, proporción que sube a 81 por ciento entre los que no van a anular su voto.

De acuerdo con el estudio, el sentido de representación política es bajo, 19 por ciento, pero es aún más bajo entre los que piensan anular su voto, 13 por ciento. Estos últimos perciben pocas diferencias entre los partidos. Lo mismo sucede con la autopercepción que tienen los entrevistados de sí mismos como ciudadanos con plenos derechos y libertades políticas.

El nivel de hartazgo con la política en ambos grupos es un factor claramente distintivo: 68 por ciento de quienes sí piensan anular su voto están hartos, frente al 42 por ciento de los que no lo van a anular.

En lo que sí hay acuerdo es en pensar que la democracia es una buena forma de gobierno y que debe hacerse lo posible por fortalecerla.

Con miras a lo que el Congreso pondrá en su agenda en la próxima legislatura, la encuesta revela que el 68 por ciento de los entrevistados prefiere que las leyes e instituciones electorales den más importancia a la protección de los derechos y las libertades políticas de los ciudadanos, mientras que el 22 por ciento prefiere la prohibición de las malas prácticas de la política.

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