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El Cofipe no atenta contra la libertad de expresión: Alanís.
La reforma electoral no coarta la libertad de expresión, existe un “falso debate” por parte de algunos particulares y políticos, quienes tratan de hacer creer que al prohibir la compra de espacios en medios de comunicación para difundir campañas negativas se atenta contra este derecho y se daña la democracia, afirmaron magistrados y consejeros electorales, junto con legisladores y politólogos.
MANUEL VELÁZQUEZ. EL FINANCIERO | Al poner en marcha el coloquio Libertad, Denigración, Calumnia y Campaña Electoral, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), , aseguró que luego de lo ocurrido en los comicios de 2006 y la crispación política que existe en la nacional, era necesario hacer algunos cambios a la forma de competir en las elecciones.
Mientras que el consejero electoral, Alfredo Figueroa -quien acudió en representación del presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés-, insistió en que la reforma no daña la libertad de expresión porque el “injuriar, calumniar o difamar” no debe ser considerado como sinónimo de este derecho.
De manera simultánea, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvía admitir uno de los 42 amparos contra el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Sin conocer esta resolución los senadores del PAN, Ricardo García Cervantes y Arturo Núñez, del PRD, puntualizaron en sus exposiciones que los cambios constitucionales en materia electoral eran necesarios y urgentes, luego de lo ocurrido en 2006.
Reiteraron que, si existen algunas inconformidades por parte de algunos medios de comunicación electrónicos, es porque ahora vieron limitados sus intereses económicos por la venta de espacios al aire.
Candados
El consejero Arturo Sánchez Gutiérrez se sumó a esta idea al manifestar que “lo que les duele a los concesionarios es que el nuevo marco jurídico les aplica una serie de limitaciones.
El consejero electoral insistió en que no se debe caer en el “falso debate” de creer que al hacer una injuria y una difamación de un candidato o partido político, eso es una libertad de expresión: “No, eso se trata de campañas negras, como ocurrió en la elección de 2006″
“Las campañas negras no son una amenaza, no atentan contra la democracia, son una realidad de la política que se debe de acotar”, puntualizó.
La magistrada presidenta, María del Carmen Alanís Figueroa, subrayó que en el TEPJF existe el precepto de que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto o ilimitado. Se debe hacer una clara distinción entre el límite de una crítica incisiva y denigración, hasta qué punto se puede ejercer la libertad sin afectar a terceros”.
Alanís Figueroa advirtió que en la “antesala” de los comicios del 2008-2009, existe la oportunidad histórica para renovar el orgullo de los mexicanos en su democracia, luego de lo ocurrido en la pasada contienda presidencial. Y agregó que el TEPJF esta preparado para aplicar las nuevas reglas de la ley electoral y “tutelar el voto de los ciudadanos”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdova, compartió la idea de que era necesario realizar esta reforma, porque las campañas electorales de carácter negativo no debían continuar: lo ocurrido en 2006 no debe repetirse.
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